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–          Examen de la ponderación de su legitimidad frente a los intereses y los derechos y libertades fundamentales del interesado.

–          Protección de intereses vitales del interesado o de otra persona.

Tribunales de Justicia, Ministerio Fiscal o Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, u otras, por tratarse de un requisito legal.

Servicios fiscales y laborales^[2]

Servicios de consultoría

Servicios informáticos

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Los datos objeto de tratamiento no proceden del interesado, siendo su origen el siguiente:      ^[3]